AMY DRISCOLL
The Miami Herald
Lourdes Sampedro Pañeda recuerda la gran entrada de mármol, el patio de mosaicos con su sonora fuente y la graciosa escalera de su casa del Vedado, el acaudalado barrio habanero.
Hace unos cuantos años, su hermana, una monja, tuvo la oportunidad de ver su casa natal en La Habana. Aunque habían arrancado el mármol y no quedaba un solo mosaico en el patio, la atracción emocional se mantenía. Lo que quedaba de la mansión inclusive tenía un nuevo nombre: Centro Nacional para la Educación Sexual, un instituto dirigido por Mariela, la hija de Raúl Castro.
''Si una familia estuviera viviendo allí sería distinto'', manifestó Sampedro Pañeda, ''pero siendo propiedad del gobierno, quiero que me la devuelvan''. "Cinco hembras y un varón, todos nacimos en esa casa. La construyó mi abuelo. Debía estar en la familia, no tanto por lo que pueda valer sino fundamentalmente por razones sentimentales''.
Los cubanoamericanos están resucitando viejos planes para reclamar propiedades esperando que un cambio de poder en su país natal lleve a una democracia, una vez que Fidel y Raúl Castro desaparezcan. En este sentido, la familia de Sampedro Pañeda pudiera estar mejor que muchas otras. Tienen un gran pliego de documentos, sacados secretamente de Cuba que, según ellos, detalla los fundamentos legales de su propiedad. Es exactamente el tipo de prueba que ayudó a establecer reclamaciones en los países de la Europa del Este tras el colapso de los regímenes comunistas.
Recientemente, el presidente Bush le hizo una advertencia a los exiliados cuando esbozó su visión de la Cuba del futuro. Afirmó que primero había que permitirle a los cubanos de la isla determinar su propia forma de gobierno y luego "los cubanoamericanos podrán plantear los temas de confiscación de propiedades''.
Sus observaciones vinieron poco después de que la Comisión para Asistencia a una Cuba Libre emitiera un reporte en julio, advirtiendo que "ningún tema será tan difícil y tan complejo como el estatus de los derechos de propiedad y la confiscación de propiedades''.
Que Raúl Castro haya tomado el poder provisional pudiera no ser la apertura democrática que los cubanoamericanos quieren pero muchas familias creen que es hora de reconsiderar planes hechos desde hace décadas.
''Ya sean cinco meses o cinco años, ha llegado el principio del fin'', expresó Nicolás Gutiérrez, un abogado miamense que asegura que entre un tercio y un cuarto de su práctica está dedicada ahora a las reclamaciones de propiedades. ''Tengo dueños originales, la mayoría en los 70 y 80 años, así como hijos y nietos interesados'', subrayó. "Y las nuevas generaciones se ven a sí mismas como las que van a ayudar a reconstruir Cuba. En algún momento, va a haber muchísimo trabajo para los abogados''.
Heredero de una familia azucarera, Gutiérrez ahora es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, y ha estado estableciendo corporaciones de responsabilidad limitada para familias que esperan plantear reclamaciones en las condiciones de un gobierno democrático en la isla. La corporación protegería los activos de la familia en caso de una disputa en los tribunales, agregó.
A principios de los años 60, Castro expropió a compañías norteamericanas y al pueblo cubano propiedades cuyo valor era de millones de dólares, activos que, se estima, valen actualmente miles de millones de dólares. Los ciudadanos y las firmas estadounidenses pudieron presentar reclamaciones ante la Foreign Claims Settlement Commission. Hasta el momento, las reclamaciones continúan pendientes.
Estados Unidos respondió con un embargo comercial, y en 1996 promulgó la Ley Helms-Burton, que hizo más rígido el embargo, con el fin de castigar a los que comerciaran con el régimen comunista.
Sin embargo, nada de esto ha ayudado a los cubanoamericanos a reclamar sus hogares ancestrales ni los negocios familiares que les arrebató el régimen de Castro. Para ellos, el tiempo no ha hecho sino añadir complejidad a un problema que en un momento dado no parecía ser otra cosa que un simple robo. La población de la isla ha crecido, y muchas casas se han subdividido en apartamentos donde por muchos años han vivido familias. La mayoría de las viviendas necesitan caras reparaciones, y los edificios comerciales están enormemente dañados.
Cautelosos por la imagen que puedan proyectar en la isla, muchos líderes cubanoamericanos escogen sus palabras con sumo cuidado, repitiendo una y otra vez que no quieren sacar a nadie de sus casas.
En una ''declaración al pueblo de Cuba'', la Fundación Nacional Cubanoamericana dice que ''se opone con vehemencia a cualquier intento para sacar a las familias cubanas de sus casas o parcelas de tierra donde residen o trabajan'', proponiendo transferir los títulos de propiedad a los que ya viven en esos lugares.
Ninoska Pérez Castellón, conocida figura de la radio cubana y portavoz del grupo conservador Concilio por la Libertad de Cuba, manifestó: "Sé lo que significa perder lo que uno tiene, y no quiero que eso le ocurra a nadie. Y si la gente regresa, ¿qué van a regresar a reclamar? Posiblemente les vaya mejor aquí''.
Para Carlos Saladrigas, director del moderado Grupo de Estudios Cubanos, con sede en Miami, el debate se enmarcaría mejor en términos que todo el mundo pudiera comprender.
''Me parece que el temor a perder la casa es uno de los más grandes, y es algo que puede obstaculizar el cambio'', aseveró Saladrigas. "No es el momento de presionar para hacer estas reclamaciones. Probablemente, las viejas casas que recordamos sean un poco más pequeñas de lo que creíamos eran. Pero lo realmente importante es que el pueblo cubano ha sufrido muchísimo, y tenemos que asegurarnos de que el cambio no le traiga más sufrimiento, sino, por el contrario, alivio''.
A algunos cubanoamericanos, sobre todo las generaciones más jóvenes, no les interesa reclamar propiedades después que ha pasado tanto tiempo, en particular si es algo que afecta a los que están en la isla.
''La mayoría de la gente con la que he hablado no está interesada en botar para la calle a nadie, sobre todo cuando llevan décadas viviendo en esas casas'', opinó Tania Mastrapa, que fundó en Miami una firma, Mastrapa Consultants, para ayudar a las personas a preparar las reclamaciones. "En estos casos, las personas están más interesadas en algún tipo de compensación monetaria o con terrenos. Aunque nadie quedará satisfecho con el resultado final''.
La clave de todo, sostuvo Mastrapa, es hallar "un balance entre las razones económicas y la justicia''.
Mastrapa, cubanoamericana cuya familia perdió propiedades tras ser incautadas por el régimen de Castro, dice estar a favor de los esfuerzos de restitución, en parte porque los considera un proceso de sanación.
''No es algo necesariamente motivado por la avaricia'', acotó. "Muchas personas quieren las reclamaciones como una labor familiar. Mi abuelo me enseñó todo sobre la vieja finca de la familia y también sobre cómo cuidar al ganado''.
Sin embargo, para algunos exiliados de más edad, el sueño continúa vivo, con pocas modificaciones.
Arturo J. Riera, presidente de la Asociación Ganadera de Cuba, aseguró que a los 67 años regresaría a la isla, pero conservaría al mismo tiempo su casa en Miami.
''Si hubiera alguna posibilidad de que pudiera ayudar, lo haría con gusto'', declaró Riera.
"Mi bisabuelo y mi tatarabuelo murieron luchando contra los españoles. Teníamos 6,600 acres y nos los robaron. Nos gustaría tener la oportunidad de trabajar esa tierra, de ayudar en la reconstrucción de Cuba.
"Lo haría no sólo por razones económicas, sino también por patriotismo. Soy cubano por suerte y americano por elección''.
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