GERARDO REYES
El Nuevo Herald
El gobierno de Estados Unidos desistió de su intención de pedir la pena de muerte para tres cubanos acusados de contrabando de ilegales, según un documento de la corte federal de West Palm Beach.
Firmada por la fiscal asistente Emalyn Webber, la petición no explica las razones del desistimiento, pero el juez Daniel Hurley estuvo de acuerdo en un fallo del pasado 21 de agosto.
La medida favorece a Maikel Soto, Duany Jiménez y Angel Navarro Lliteras, acusados del contrabando de cubanos ilegales que arribaron en noviembre pasado a las costas de Palm Beach.
El caso se complicó para los acusados por cuanto uno de los indocumentados, identificado como Carlos Alberto Pons Arias, murió ahogado luego de lanzarse de la embarcación.
El Nuevo Herald reveló en junio que al menos en el caso de Soto, residente de Homested de 28 años, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida evaluó la posibilidad de presentar una solicitud a Washington para que autorizara una petición de pena de muerte de ser hallado culpable.
Su abogado llegó incluso a buscar la autorización del juez para que un experto en pena capital fuese aceptado en el equipo de la defensa.
Los acusados fueron involucrados en los hechos a raíz de una operación conjunta de la policía de Juno Beach, Florida, y la Patrulla Fronteriza.
Casi a medianoche del 14 de noviembre del año pasado los agentes de la policía informaron a la Patrulla Fronteriza de la presencia de tres vehículos SUV en el estacionamiento de un restaurante cerca a la playa.
Los policías sospechaban que podría tratarse de una operación de contrabando de indocumentados. Al llegar al lugar los agentes federales identificaron a Soto y Angel y a Navarro Lliteras, quien estaba en el interior de una camioneta Lincoln Navigator, propiedad de Soto.
Los sospechosos ofrecieron "versiones contradictorias'' al ser indagados, según la acusación.
Horas después, la policía de Palm Beach reportó la llegada de 34 indocumentados a la zona de Mockinbird Lane.
Algunos de los cubanos explicaron que habían nadado desde una embarcación hasta las playas. En ese intento habría muerto Pons, cuyo cuerpo fue encontrado por agentes de la Patrulla Fronteriza.
El juicio está programado para la primera semana de octubre.
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