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Jenaro Villamil / Mérida, Yucatán / Proceso
La disputa por el control del tráfico ilegal de inmigrantes cubanos a territorio estadounidense ha provocado siete ejecuciones en Yucatán y Quintana Roo en menos de un mes.
Esta guerra activó también la alerta de las autoridades locales y binacionales frente a un negocio de millones de dólares en el que se presume están involucrados los cárteles de la droga, empresarios locales, autoridades migratorias y la mafia cubano-estadounidense.
La procuraduría estatal yucateca calcula que los traficantes reciben entre 10 mil y 12 mil dólares por cada uno de los cubanos trasladados a Estados Unidos. Otras fuentes señalan que pueden cobrar de 30 a 50 mil dólares por internar a un isleño en la Florida.
El dinero usualmente proviene de los familiares radicados en Miami u otra ciudad de Estados Unidos, quienes pagan a los traficantes por recoger a sus parientes en la provincia cubana de Pinar del Río –en lanchas rápidas, barcos deportivos o yates– para depositarlos en “algún punto” de la península de Yucatán.
Tan sólo entre octubre de 2006 y agosto de 2007 ingresaron a Estados Unidos, por la llamada “ruta maya”, poco más de 10 mil cubanos que burlaron la vigilancia de la guardia costera estadounidense, que ha cerrado los accesos en los últimos tres años.
El control del negocio, de acuerdo con las autoridades yucatecas, se ubica en Quintana Roo, y específicamente en Cancún, el centro turístico que se ha convertido en una de las fronteras “porosas” del País que permiten la mimetización de los migrantes cubanos.
Actúan tras ejecuciones
En los últimos cinco años, Cancún ha recibido muchos cubanos. La mayoría recala en Isla Mujeres, ubicada frente al emporio turístico, y de ahí son trasladados a “casas de seguridad” en alguna de las colonias periféricas de Cancún. Entre el 8 y el 10 de agosto pasado, las autoridades de la PGR detuvieron en esta ciudad a alrededor de 20 presuntos implicados en esta red y en las ejecuciones que se sucedieron días antes.
También Mérida y los puertos yucatecos de Progreso, Río Lagartos y El Cuyo, se han convertido en centros de operación. El pasado 7 de agosto, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, provocó un escándalo al señalar a Mérida como “el centro financiero de la mafia” que maneja el tráfico de cubanos. Su homólogo yucateco, Pedro Sierra Lira, reviró que lo importante no es saber “en qué lugar operan las mafias, sino que exista coordinación entre los estados de la península para que ya no lo hagan”.
Los disfrazan
Entrevistado en sus oficinas del periférico de Mérida, Sierra Lira explica así la mecánica del negocio:
“Lo que sabemos es que reciben a cada persona en algunos sitios turísticos de Quintana Roo, a través de embarcaciones de lujo como yates o algunos barcos pesqueros con capacidad para trasladar hasta 30 personas. Les ponen una playera, tenis, una gorra… Los disfrazan para que se queden en Cancún. A otros los trasladan hasta Yucatán. Son grupos perfectamente organizados que ganan muchísimo dinero por cada cubano que traen.”
– Pero ahora también están operando en Yucatán. Ahí están las ejecuciones –se le comenta.
– Esto no se sabía antes. Yucatán siempre había sido un estado tranquilo. Los extranjeros que venían acá se hacían a nuestra manera. Para nosotros, un extranjero es un hermano más, pero ahora están ocurriendo cosas extrañas, con gente que llega de otro estado de la República, mediante grupos perfectamente organizados que ganan muchísimo dinero con cada cubano que traen.
Para Sierra Lira, una de las hipótesis de la averiguación previa abierta en torno a las ejecuciones que se registraron entre el 10 de julio y principios de agosto es que son el resultado de “un pleito por el control del negocio”.
“No importa adónde lleguen. La cuestión es que alguien inició el negocio y no le gustó que quienes eran sus empleados pongan un puesto enfrente. La patente es de quien inició y no le gusta la piratería”, subraya el funcionario.
Los balseros
En los últimos cinco años se ha incrementado el arribo de balseros, en su mayoría gente de escasos recursos que recalan en las costas de Puerto Progreso, El Cuyo, Río Lagartos, en Yucatán, o Isla Mujeres y Holbox, en Quintana Roo,
Estos balseros no cuentan con los recursos ni con los contactos para pagar un “pollero” que los conduzca hasta Estados Unidos. En algunas ocasiones, son interceptados por la Armada o por algunos pescadores. Si son detenidos, los llevan a las oficinas del Instituto Nacional de Migración de Mérida o Cancún.
Tan sólo entre febrero y julio de este año, la Armada de México encontró frente a las costas yucatecas tres balsas de fibra de vidrio, a unas 50 millas de Río Lagartos, al noreste de la península. Las frágiles embarcaciones contenían 10, 12 y 14 personas, respectivamente, incluyendo a una mujer.
“Estaban a la deriva. Todos mostraban signos de deshidratación y se encontraban en una situación muy crítica”, rememora el capitán Gaspar Cimé Escobedo, responsable de la capitanía de Yukalpetén. En el puerto de abrigo aún se observan apiladas las embarcaciones, junto a los más de 360 barcos de pescadores de atún y pulpo.
El número de detenciones se ha disparado. Si en 2002 las autoridades migratorias reportaron 254 cubanos detenidos en las costas de Yucatán y Quintana Roo, para 2006 la cifra se elevó a dos mil 205.
De estos detenidos, no todos son expulsados, aunque tan sólo en Quintana Roo las deportaciones aumentaron de 364 en 2005 a 572 en 2006. Hasta el 31 de julio de 2007 se tenían contabilizados 653 cubanos regresados a su lugar de origen, y el pasado 4 de agosto, frente a las costas de Cancún, la Armada de México interceptó a 37 cubanos en una embarcación que se hundía por problemas con el motor.
El incremento de esta migración coincide con el deterioro de las relaciones entre Cuba y México y con las crecientes restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos.
En un mensaje difundido en agosto de 2005, antes de suspender sus actividades como jefe del Estado cubano, Fidel Castro alertó sobre el problema creciente del tráfico de sus compatriotas y advirtió que la mafia cubano-estadounidense se extiende hasta la península de Yucatán:
“Están involucradas personalidades importantes de Estados Unidos. Esa mafia no sólo opera en Miami, pues han creado una organización para operar desde México y en lugares que están más apartados (…) tienen a Quintana Roo y Honduras como vías del tráfico de cubanos.
“La actitud tolerante de las autoridades mexicanas de no poner especial interés en la devolución de los balseros (…) ha sido un estímulo al uso de esta vía como puente hacia Estados Unidos”.
En mayo de 2005, las autoridades de La Habana detuvieron y sentenciaron a 10 años de prisión a los pescadores yucatecos Juan Ramón Barco Rivero, Luis Nicolás Chan Campos y Johnny Fuentes Koyoc, originarios de Puerto Progreso, acusados por tráfico ilegal de cubanos.
Las ejecuciones y la mafia
La mañana del martes 10 de julio, al salir de la casona verde de la avenida Colón, en Mérida, sede del Instituto Nacional de Migración, Manuel Duarte Díaz, alias “El Manny”, fue atacado por unos sicarios que viajaban en un Mustang. La ráfaga de siete disparos impactó en su pecho y en su frente. También balearon su automóvil Tsuru YXN-7917.
El Manny fue identificado primero con otro nombre: Nelson Yeo Mayer, de oficio estilista. Ese día acudió a las oficinas del INM como parte de las diligencias acostumbradas para el programa de regularización de extranjeros. Iba acompañado de su novia Reina Montalvo, y las autoridades presumen que ella estuvo coludida con los atacantes.
La ejecución de El Manny prendió los focos de alerta en Mérida. Eran los días del traspaso de poder entre el panista Patricio Patrón Laviada y la gobernadora electa Ivonne Ortega Pacheco, del PRI.
Un mes antes de que asesinaran a Duarte Díaz, las autoridades de la Procuraduría General de la República detuvieron en Cancún, como presuntos responsables de introducir ilegalmente a 58 cubanos, a Miguel Ángel Núñez Marrero, Juan Felipe Suárez y Octavio Llánes Núñez; el primero originario de la isla, y los otros dos cubano-estadounidenses. También fue aprehendido el mexicano Isaías Kabul Canché, presunto cómplice.
Tras estos sucesos, las autoridades de Quintana Roo hallaron otros ejecutados: el cubano Alfredo Barceló Escalona, radicado en Mérida y presunto cómplice de El Manny, quien había desaparecido dos meses antes; el empresario yucateco Edwin Park Gómez, y Jesús Aguilar Aguilar, ambos secuestrados y ejecutados en Cancún. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa ubicada en la carretera entre Mérida y Cancún. El hallazgo se hizo el 2 de agosto.
Se presume que Park Gómez, dedicado a la exportación de pepino marino y dueño de la cooperativa Cuálitas, iba a adquirir una embarcación rápida que sería utilizada para el traslado de migrantes cubanos. Jesús Aguilar tenía ya antecedentes penales.
El mismo día y en el mismo sitio fue encontrado el cuerpo de la empresaria yucateca María Elena Carrillo Sáenz, ejecutada y con huellas de tortura, quien desapareció semanas atrás, junto con su pareja sentimental, el cubano-estadounidense Luis Lázaro Lara Morejón, ejecutado el 30 de julio y también vinculado al tráfico ilegal de cubanos.
Negocios paralelos
El procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, relacionó estos asesinatos con el crimen de Duarte Díaz, ocurrido en Mérida, y mencionó otra víctima: el empresario cancunense Francisco Javier Fernández Rodríguez, ejecutado el 19 de julio.
Fernández Rodríguez tenía una ruta de paseos turísticos entre Cancún e Isla Mujeres. Presuntamente, participó con sus embarcaciones en el tráfico de inmigrantes cubanos, tratando de abrir un “negocio paralelo” al que ya controlaban otros personajes.
Melchor Rodríguez identificó a Luis Lázaro Lara Morejón como presunto “enlace con las demás personas; formaba parte de un grupo que se dedica al tráfico de indocumentados, porque en Mérida hay un centro de operaciones”.
Aún se ignora quiénes son los verdaderos “dueños” del negocio. Versiones de las autoridades cubanas filtradas a la prensa yucateca señalan como posible vínculo a Alejandro Casto Pérez, enlace directo también con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), o a Juan Carlos Riveroll, alias El Profe, conectado así mismo con la Fundación Nacional Cubano-Americana creada por Jorge Mas Canosa.
Una investigación del periódico Por Esto!, difundida en junio de 2005 y que cita datos de inteligencia, vinculó a Riveroll con la fuga del terrorista Luis Posada Carriles (autor del atentado contra Cubana de Aviación en la isla de Barbados, donde murieron 73 personas) en la lancha Satrina, que partió de Isla Mujeres hacia Estados Unidos.
La investigación del rotativo fue difundida por el periódico Granma, órgano periodístico del Partido Comunista de Cuba, el cual alertó sobre “la amplia red integrada por cubano-estadounidenses denominada Los Marielitos.
Hasta el momento, las autoridades de Quintana Roo y Yucatán sólo han detenido a Manuel El Negro Chalé, presuntamente relacionado con los crímenes de Manuel Duarte El Manny y Alfredo Barceló.
Por lo pronto, el procurador yucateco Pedro Sierra confía en que de la averiguación previa en torno a estos crímenes, y de la coordinación con Quintana Roo, “podrían desprenderse muchísimas cosas”, como las dimensiones del negocio en disputa.
