Posted on Mon, Feb. 05, 2007
Acusado de financiar y armar un ejército de paramilitares para dar un golpe de estado y asesinar al presidente Hugo Chávez en el 2004, el cubanovenezolano Robert Alonso se vio obligado a vivir clandestinamente y a dormir en funerarias para evadir a los agentes de la inteligencia militar que, aseguró, lo seguían de cerca para encarcelarlo.
Después de salir furtivamente del país petrolero, con documentos falsos, por la frontera con Colombia, Alonso llegó a Miami en mayo del 2004, dejando atrás ingresos anuales de $400,000, sus propiedades y una vida cómoda que construyó en 43 años de residencia en Venezuela, adonde llegó procedente de Cuba en 1961 con su familia, cuando tenía 11 años de edad.
Ahora, en Miami, este obcecado antichavista, cuya famosa hermana es la actriz María Conchita Alonso, conduce una ambulancia privada en la que recoge y transporta diariamente ancianos en sillas de ruedas, heridos y enfermos, ganando $8 dólares la hora, 12 horas al día, seis días a la semana.
''Y para colmo, la gente en Venezuela cree que yo vivo el exilio dorado en Miami'', afirmó Alonso, de 56 años, quien niega los cargos presentados por el gobierno venezolano en su contra.
Como Alonso, cientos de venezolanos que están llegando en número creciente como exiliados al sur de la Florida, están viendo cambiar radicalmente su estilo de vida, y en muchos casos viviendo como una tragedia personal la posibilidad de nunca volver a su país de origen, mientras Chávez consolida un poder que muchos califican de absolutista.
Los nuevos exiliados venezolanos, que siguen prefiriendo el sur de la Florida como destino, forman parte de una ''segunda oleada que está buscando todas las opciones migratorias posibles para huir de la radicalización de la revolución chavista'', afirmó José Gregorio Tovar, un consultor de inmigración residente en Weston que viaja con frecuencia a Venezuela para asesorar a quienes quieren salir de ese país huyendo del gobierno de Chávez.
La creciente comunidad de exiliados venezolanos, que abarca desde profesionales de alto nivel y ex activistas de la oposición hasta militares de alto y mediano rango, está rehaciendo sus vidas en Miami luego de perderlo todo en su país --incluyendo en algunos casos sus familias--, desempeñando toda clase de trabajos y viviendo con modestos ingresos.
''Cuando salí de Venezuela dejé un bebé de 17 meses que a lo mejor no veré en mucho tiempo'', manifestó Roger Vivas, un ex diputado acusado de intentar un golpe de estado y de vilipendiar a la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, entre otros cargos, razón por la que decidió asilarse en Miami.
''Perdí a mi familia. Vivo solo aquí en un efficiency. Esto es sumamente difícil. La vida del exiliado es muy dura'', expresó Vivas, de 52 años, que es narrador de noticias en La Poderosa y declaró ganar poco menos de $800 mensuales.
Vivas recibió asilo político en Miami en tiempo récord, poco después de su llegada, a inicios del 2005.
''Mis pruebas (de persecución política) eran muy fuertes y estaban muy bien documentadas'', sostuvo el exiliado venezolano, el primero en denunciar la existencia de grupos paramilitares prochavistas y una red de extorsión presuntamente dirigida por el célebre fiscal Danilo Anderson, quien murió en un atentado explosivo.
Una buena parte de la nueva cosecha de refugiados políticos la constituyen profesionales, empresarios y militares acusados por el gobierno de rebelión civil, así como empleados civiles despedidos por Chávez durante el paro petrolero del 2003.
''Fuimos acusados injustamente y perseguidos por nuestras críticas al gobierno'', sostuvo Vilma Petrash, una politóloga con un doctorado de la Universidad de Pittsburg que era asesora de grupos de oposición y frecuente comentarista en programas de radio y televisión.
Petrash fue acusada de firmar el supuesto primer decreto de la breve presidencia de Pedro Carmona, y vino a Miami a fines del 2005, luego que fuera amenazada de muerte y por temor a que sus hijos fueran secuestrados.
''Temía por mi vida y por la de mi familia'', indicó la académica, que actualmente trabaja como profesora de Ciencias Políticas en el Miami Dade College y está en espera de que le otorguen el asilo.
Para Petrash, de 48 años, la vida en el exilio significa ``un doble dolor''.
''Por un lado, el dolor de no poder seguir con mi compromiso ciudadano y democrático con Venezuela; y por otro, el dolor y la nostalgia por un país que ya ha dejado de ser'', puntualizó.
''La vida nos cambió completamente'', apuntó Miguel Hernández, que fue presidente del influyente Colegio de Ingenieros de Venezuela y vive en Miami desde fines del 2005.
''Nos hemos adaptado un poco, pero siempre añorando nuestra tierra, con el dolor de que vamos a vivir lo mismo que han vivido los cubanos, y quizá peor'', auguró Hernández, de 60 años.
Con la incertidumbre de no poder recuperar su empresa y sus propiedades en Venezuela, el ingeniero sacó aquí licencias para pintar, reparar pisos e instalar paredes, y fundó una firma de servicios de ingeniería, para subsistir mientras espera una repuesta a su solicitud de asilo.
Elizabeth Hernández, una docente de 39 años, vino a Orlando hace apenas dos meses con su esposo, José Leonardo Chirinos, un especialista en mecánica que trabajaba para Pdvsa y fue despedido por Chávez en el año 2002.
La razón de la partida: la estaban obligando a firmar un documento para autorizar al gobierno a ``disponer en cualquier momento de nuestros hijos, para cuando ellos lo requirieran''.
La docente afirmó que la pusieron en un dilema: ''Me dijeron que si no aceptaba, tenía que renunciar, y renuncié .... Me da miedo, pánico, terror, que fuercen a mis hijos a formar parte de un pelotón de adiestramiento, donde los van a ideologizar con la ideología del Ché Guevara y a vestir de militares'', precisó la mujer, quien tramita igualmente el asilo político.
En medio de las dificultades económicas y familiares, uno de los grupos de exiliados más afortunados han sido los militares disidentes que residen en el sur de la Florida.
''Me duele haber salido de mi país, pero prefiero estar acá en libertad y en un país de oportunidades que preso en Venezuela por causas políticas injustas'', declaró el general de división Luis Alberto Camacho Kairús, ex viceministro de seguridad ciudadana del gobierno de Chávez.
''Uno siente una frustración muy grande porque ve que están destruyendo el país y no va a quedar nada para nuestros hijos'', acotó Camacho Kairús, el militar venezolano de más alto nivel en Miami que está procesando el asilo político.
''Afortunadamente estamos bien, no estamos mal, este es un país de oportunidades'', puntualizó el militar, quien dirige en Miami una empresa de suministros industriales.
Camacho Kairús formó parte de los generales que solicitaron la renuncia del presidente Chávez el 11 de abril del 2002, y que después fueron acusados de rebelión.
''La gran mayoría de los que estamos aquí no nos trajimos nada del país. Estamos trabajando y empezamos de cero, y estamos rehaciendo nuestras vidas con nuestras propias manos y nuestras habilidades y destrezas, que fue lo único que nos trajimos'', aseveró el general de brigada Marco Ferreira, el ex director de la Dirección de Extranjería que actualmente trabaja como gerente en una firma de distribución de productos de consumo masivo.
Para Ferreira lo más duro es: ``No sabemos cuándo se podrá regresar al país, porque no sabemos si habrá país para volver''.
''El primer año fue difícil, pero cuando me di cuenta de que la situación en Venezuela iba para largo, decidí abrir mi compañía, y hasta ahora me está yendo muy bien, a pesar de que comencé desde cero y perdí toda mi familia en Venezuela'', dijo un coronel que pidió el anonimato.
''Después de tener chofer, carro y buen salario, he tenido que trabajar en Miami como obrero, pero eso no me afectó. Hice mi esfuerzo y ahora me va bien. No me puedo quejar'', aseguró el coronel, que llegó a Miami después del reférendum revocatorio del 2004.
Tras dos años y medio en una cárcel de inmigración porque el gobierno venezolano había solicitado su extradición bajo cargos de haber participado en los atentados dinamiteros contra las embajadas de Colombia y España en Venezuela, el teniente José Antonio Colina ha logrado reiniciar su vida de forma exitosa.
''Tengo un buen trabajo, mi carro y un apartamento donde vivo cómodamente'', aseguró Colina, de 33 años. El militar es jefe de distribución y almacenamiento de una firma que vende pan congelado al mercado hispano en Estados Unidos, con sede en Miami.
Sin embargo, aseguró: ''Mi felicidad no es completa .... El hecho de pensar que la situación en Venezuela se puede prolongar por largo tiempo es traumatizante. Pero a la vez, es lo que me motiva para continuar luchando desde aquí por mi país'', puntualizó el militar.
ocasto@elnuevoherald.com