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Posted on Fri, Jan. 19, 2007
JAY WEAVER
The Miami Herald
Un aliado del exiliado cubano Luis Posada Carriles les entregó esta semana a agentes federales docenas de ametralladoras, dinamita y un lanzagrandas en un esfuerzo por reducir su sentencia de prisión, revelaron fuentes familiarizadas con el caso.
Santiago Alvarez, un acaudalado constructor que fue convicto el otoño pasado por conspirar en un caso de armamentos ilegales, dispuso el miércoles la entrega de un nuevo alijo de armas de fuego en la oficina de su abogada en el downtown de Miami, dijeron fuentes.
Alvarez y el otro acusado convicto, Osvaldo Mitat, están buscando reducir en un año o más sus respectivas condenas de cuatro y tres años. La insólita entrega de armas no tiene ninguna relación con los últimos problemas de Posada con las autoridades federales.
El arsenal de Alvarez consistía en docenas de ametralladoras, rifles, explosivos C-4, dinamita, detonadores, un lanzagranadas y municiones, ampliaron las fuentes. El alijo era considerablemente mayor que las nueve armas de fuego ilegales confiscadas por agentes federales a fines del 2005 cuando Alvarez y Mitat fueron inicialmente acusados por cargos de armas en el condado de Broward.
Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) recogieron el último cargamento de armas en la oficina de Miami de Silvia Piñera-Vázquez y Sofía Powell-Cosío. A las abogadas se les concedió inmunidad temporal para entregar las armas a las autoridades federales a nombre de Alvarez y Mitat, sus clientes. Piñera-Vázquez, que declinó comentar para esta historia, le entregó personalmente una carta a la Oficina de la Fiscalía Federal el martes detallando la propuesta.
La voluntaria entrega estuvo destinada a sacar de circulación las armas y aumentar las posibilidades de que a los acusados se les reduzcan las sentencias.
Alvarez, de 65 años, ha estado en detención federal desde noviembre del 2005. Mitat, de 64 años y que trabajaba para él, también ha estado detenido desde entonces. Para poder rebajar un año o más de sus condenas, tienen que probarles a los fiscales que han suministrado ''sustancial ayuda'' como para obtener reducciones de sus condenas. Los fiscales tendrían que presentar la solicitud ante un tribunal federal.
En el pasado, las abogadas de Alvarez y Mitat han dicho que sus clientes nunca tuvieron la intención de lanzar ataques contra el gobierno de EEUU y que su objetivo siempre ha sido derrocar a Fidel Castro.
La entrega de armas se produjo días antes de que un informante del FBI --que reportó sobre Posada, Alvarez y Mitat-- indicara que había descubierto una bomba rudimentaria el domingo en su camioneta en Hialeah. Policías de Miami-Dade detonaron el artefacto en la estación de policía de Hialeah. Encontraron alambres y casquillos de balas entre los restos de la bomba.
El FBI inició una investigación pero declinó comentar.
Las abogadas de Alvarez, Mitat y Posada dijeron que sus clientes --todos en detención federal en Texas-- no estuvieron implicados en el incidente. Expresaron serias dudas sobre la credibilidad del informante, Gilberto Abascal, al que han caracterizado de ''doble agente'' del FBI y del gobierno de Castro.
Los abogados de Alvarez y Mitat han estado negociando con la fiscalía federal desde noviembre para entregar el nuevo arsenal oculto, indicaron a The Miami Herald fuentes familiarizadas con el caso.
La intriga que rodea la entrega de armas no podía ser mayor. El pasado septiembre, Abascal fue el principal testigo federal que ayudó a condenar a Alvarez y Mitat por cargos de posesión ilegal de armas en el sur de la Florida. Abascal también fue el principal testigo la semana pasada en el procesamiento federal de Posada, el ex operativo de la CIA, por cargos de fraude migratorio.
Un jurado federal de instrucción en El Paso, Texas, acusó a Posada de mentir sobre cómo entró a Estados Unidos en marzo del 2005.
El mismo jurado también acusó a Alvarez y Mitat por desacato de la corte al rehusar testificar sobre la entrada de Posada al país. Otros tres colaboradores de Posada han sido acusados por desacato.
Posada ha sostenido durante mucho tiempo que entró a EEUU cruzando la frontera mexicana con ayuda de un contrabandista de inmigrantes, no por el mar, como la fiscalía alega ahora.
Abascal declaró que Posada entró al país en un barco camaronero llamado Santrina y pilotado por Alvarez, Mitat y otros, incluyendo el mismo informante. Abascal declaró que la tripulación de Santrina recogió a Posada en la Isla Mujeres, en México, y lo transportó hasta EEUU.
Al acusar a Posada, el Departamento de Justicia mostró su disposición para concentrarse en un hombre que ha estado en la mira de los investigadores desde 1997, cuando, por primera vez, se hizo sospechoso de poner una serie de bombas en lugares turísticos de Cuba.
Los agentes federales comenzaron a concentrarse en Alvarez en mayo del 2005 cuando ayudó a Posada a salir de su escondite antes de su arresto por entrada ilegal en el país. Ese noviembre, Alvarez y Mitat fueron acusados por ocultar ametralladoras, un silenciador y un lanzagranadas en un complejo de apartamentos de Lauderhill propiedad de Alvarez.
Las abogadas de los acusados sostienen que Abascal, que llamó a los agentes federales en camino de Broward a Miami-Dade, delató a sus ex amigos. Aunque los fiscales nunca acusaron a los dos hombres de planear usar esas armas en un ataque contra el gobierno cubano, intentaban introducir evidencia en el juicio que mostraría que Alvarez había financiado una fallida incursión contra Castro en el 2001, entre otras actividades paramilitares. Las negociaciones de cargos se hicieron la víspera del juicio.
Los expedientes de la corte también muestran que las autoridades federales y bahamenses recuperaron una gran cantidad de armamentos y explosivos ocultos en Cayo Guinchos en agosto del 2005, ``una operación conducida después de que los agentes se enteraron de que Alvarez estaba almacenando y manteniendo este arsenal''.
jweaver@MiamiHerald.com
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