jueves, 3 de agosto de 2006

Posted on Thu, Aug. 03, 2006

By ALFONSO CHARDY
The Miami Herald

Cuando el exiliado cubano David Sebastián oyó la noticia de que Fidel Castro había cedido el poder, tuvo una mezcla de alegría y angustia. Se alegraba por el futuro de su país, pero no por el suyo.

''Me preocupó mucho qué va a pasar conmigo'', dijo Sebastián, de 40 años, al Herald. 'Mi hija [de 17 años] me llevó aparte y me dijo: `Papá, ¿cómo te afecta esto a ti?', y empezó a llorar''.

Sebastián, convicto en 1990 por la venta de equipos marinos robados, figura entre los más de 29,000 exiliados cubanos que no tendrían otra opción que regresar a Cuba si ocurre un cambio de gobierno y se establece un régimen democrático.

La inmensa mayoría son convictos que, según la ley aprobada por el Congreso en 1996, están sujetos a deportación. Siguen aquí porque Cuba se niega a aceptarlos, y Estados Unidos no ha tocado el tema en varios años.

El departamento de Inmigración y de Aduanas proveyó el miércoles estadísticas según las cuales hay 29,079 ciudadanos cubanos con órdenes finales de deportación, la mayoría en libertad bajo supervisión y algunos en custodia.

Autoridades estadounidenses y expertos en inmigración creen que es prematuro especular sobre deportaciones.

''Incluso si ocurriera un cambio en Cuba, no sabemos si la política de negarse a aceptar a esas personas va a cambiar'', dijo el abogado de Miami Ira Kurzban, considerado una autoridad en leyes federales de inmigración.

Linda Osberg-Braun, otra abogada de inmigración del sur de la Florida entre cuyos clientes hay notorios ciudadanos cubanos con órdenes finales de deportación, duda que los expulsen en un futuro inmediato.

''No creo que Raúl vaya a cambiar la dictadura en Cuba; seguirá existiendo una dictadura opresiva'', dijo Osberg-Braun. "Por lo tanto, no creo que se dé un cambio de relaciones, ni que se alcance un acuerdo de repatriación con Cuba''.

Ninguna ley de inmigración establece qué condiciones deben existir en la isla para iniciar las deportaciones. Las únicas pistas de que podrían llevarse a cabo están contenidas en las leyes de 1996, que estipulan deportación obligatoria para extranjeros convictos de delitos graves de mayor gravedad.

Una lista de temas fundamentales en el sitio de internet del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos --www.us cis.gov-- dice que una de las provisiones incluidas en las leyes de 1996 contempla "la revocación condicional de la Ley de Ajuste Cubano en cuanto se establezca una democracia en Cuba''.

La Ley de Ajuste Cubano entró en vigor en 1966, y permite a los cubanos solicitar la residencia permanente un año después de haber llegado a Estados Unidos.

Aunque la democracia está muy lejos de hacerse realidad en Cuba, eso no significa que los exiliados con órdenes finales de deportación estén tranquilos.

'En cuanto lo oí, pensé `¿Y ahora qué me va a pasar?' '', dijo Sebastián, asistente en la oficina de un abogado de inmigración de Coral Gables. "Eso fue lo mismo que pensaron otros miles de cubanos exiliados en la misma situación''.

Sebastián dice que el hecho de haber resultado convicto de un delito debía ser irrelevante, porque ocurrió cuando ya él era ciudadano, lo cual impide que sea deportado. Pero las autoridades de inmigración insisten en que él no es ciudadano, porque no acudió a dos ceremonias de naturalización, y las cortes están de acuerdo, a pesar de que la razón por la cual no se presentó es que las notificaciones fueron remitidas a direcciones equivocadas. En abril, la Corte Suprema declinó ventilar el caso.

Sobre Luis Enrique Daniel Rodríguez, ex agente de la seguridad del Estado cubana sospechoso de haber perseguido a disidentes, pesa también una orden final de deportación. Rodríguez fue puesto en libertad condicional el año pasado. No pudo ser localizado para que hablara, pero su abogado, Leonardo Viota Sesin, dijo el miércoles que su cliente "probablemente esté preocupado''.

Un número significativo de exiliados con órdenes finales de deportación --10,386-- llegaron a Estados Unidos en 1980 por el puente marítimo Mariel-Cayo Hueso.

Cientos de convictos del Mariel seguían detenidos en espera de que los liberaran, pero la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la detención indefinida. La mayoría de esos convictos --más de 700-- fueron liberados el año pasado.

Otra categoría de detenidos del Mariel está en una lista menguante de más de 2,700 que el gobierno cubano aceptó repatriar en negociaciones con la administración Reagan en los años 80. Más de 1,700 han sido deportados, pero quedan cerca de 1,000.

Estadísticas del gobierno indican que 18,693 cubanos que no vinieron por el Mariel tienen órdenes finales de deportación, y que 235 de ellos permanecen detenidos.

Entre los cubanos prominentes que podrían ser deportados figura Jorge de Cárdenas, un ex poderoso cabildero y estratega político convicto en 1990 como parte de un escándalo de corrupción.

Desde su oficina, Cárdenas dijo el miércoles que no está muy preocupado. Su sobrino, Jorge Felipe de Cárdenas Agostini, también encara deportación.

Agentes de inmigración lo detuvieron en el 2004 bajo sospecha de que supervisaba un grupo de torturadores de disidentes anticastristas mientras trabajaba en el Ministerio del Interior de Cuba.

El abogado de De Cárdenas Agostini, Osberg-Braun, negó las acusaciones y dijo que su cliente fue perseguido por el régimen castrista.

Amigos suyos dijeron que eran sus vínculos con el teniente coronel Antonio de la Guardia, ejecutado junto al general Arnaldo Ochoa luego de juicios sumarios por narcotráfico en 1989. Algunos expertos creen que los fusilamientos sirvieron de veras para purgar a oficiales que representaban una amenaza para Castro.

De Cárdenas Agostini testificó durante el juicio de deportación contra su tío. Fue entonces cuando hizo declaraciones que las autoridades de inmigración usaron para emitir una orden de deportación contra él. De Cárdenas Agostini fue liberado el año pasado, también bajo libertad condicional.


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