Ecuador. Dos procesadas más en caso de tráfico de cubanos

Lunes, 24 de Marzo de 2014

La instrucción fiscal que se abrió el 23 de diciembre de 2013 para investigar el presunto delito de asociación ilícita para facilitar el ingreso ilegal al Ecuador de ciudadanos de nacionalidad cubana, deberá extenderse por 30 días más, como consecuencia de las dos últimas vinculaciones que se hizo al proceso.

Las dos personas vinculadas son Liliana Ortiz y Silvia Pilpe, para quienes el juez sexto de Garantías Penales de Pichincha, Jaime Vayas, dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Con las dos nuevas procesadas, son 18 los ciudadanos cubanos y ecuatorianos que están siendo investigados por la justicia, entre los que se cuentan a policías y empleados de una notaría de Quito, cuya titular fue localizada en su despacho con más de 500.000 dólares en efectivo.

En el operativo policial que se realizó para la localización y captura de esta red, se encontró una buena cantidad de evidencias, entre éstas: pasaportes, tarjetas andinas, cédulas, papeletas de votación, cartas de invitación, formularios del Servicio de Rentas internas (SRI), pasajes de avión, entre otros.

Más detalles

A Liliana Ortiz se le acusa de formar parte del grupo de personas que se dedicaba a los trámites de la documentación entre la Notaría 11 del Cantón Quito y la Cancillería. En tanto que, a Silvia Pilpe, se le señala como la persona que se dedicaba a reclutar ciudadanos para que firmaran las cartas de invitación a los cubanos, por cuyo “favor” se les pagaba hasta 100 dólares.

De Silvia Pilpe, la Fiscalía no aportó mayores datos, excepto de que se trataría de una policía en situación de disponibilidad, tal es el caso que el defensor público, Ramiro Coronado, dijo que no sabía si se trata de una persona mayor o menor de edad, y que esta falta de información podría dar lugar hasta la nulidad de lo actuado.

No obstante, para el juez Jaime Vayas, los hechos narrados por la Fiscalía y las intervenciones de las procesadas han dado un relato claro, preciso y unívoco del hecho, lo que constituye un delito de acción pública, conforme lo dispone el Art. 32 del Código de Procedimiento Penal. (LC)

Tomado de: La Hora.com.ec