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Posted on Thu, Feb. 01, 2007
WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald
''La acusación criminal y detención de Posada, ordenadas por el Secretario de Justicia de EEUU, anulan la petición sujeta a debate'', indicó una moción presentada ayer a nombre del Departamento de Seguridad Territorial (DHS) ante un tribunal federal de El Paso (Texas).
En un recurso de cinco páginas, los representantes gubernamentales aseguraron que ''Posada ya no está bajo custodia del DHS'' y ''tampoco en detención migratoria'', por lo que se hace innecesaria una certificación contraria a su libertad condicional.
El abogado Eduardo Soto, que representa a Posada, calificó de ''absurda y sin fundamento'' la moción del gobierno.
''Estamos ante otra burla del gobierno para retrasar la liberación de mi cliente'', opinó Soto, quien presentará una respuesta a la moción en las próximas horas.
La acción legal de última hora pone en punto de mate el caso migratorio y abre las avenidas para el encausamiento contra Posada bajo siete cargos de fraude y falso testimonio en el proceso de naturalización.
El juez federal Philip Martínez había fijado de plazo hasta hoy para que el gobierno certificara que la libertad condicional de Posada, de 78 años, traería serias implicaciones para la política exterior de Washington. De lo contrario, tendría que liberarlo en cumplimiento de un veredicto del Tribunal Supremo que impide la retención indefinida de extranjeros con orden final de deportación.
Posada permanece arrestado desde el 17 de mayo del 2005. El pasado octubre el gobierno objetó su petición de habeas corpus alegando que liberarlo sería nocivo en términos de política exterior.
Sin embargo, cualquier dictamen del juez Martínez se subordina ahora a la acusación delictiva, presentada el pasado 11 de enero en El Paso. El foco del encausamiento es que Posada mintió a funcionarios de inmigración acerca de su entrada al territorio de EEUU en marzo del 2005.
Una audiencia para otorgarle fianza fue pospuesta hasta el 15 de febrero. Aunque el Departamento de Justicia afirma que el detenido podría encarar hasta 40 años de cárcel, Soto considera que ''los cargos carecen de significación'' y la condena máxima ``no sobrepasaría los seis meses''.
Pero el recurso legal de Washington dejó insatisfechos a los partidarios de extraditar a Posada a Venezuela para encausarlo como responsable del atentado a un avión cubano con 73 pasajeros en 1976.
''Esto es parte del mismo juego para no presentar la evidencia que apunta a Posada como un terrorista'', comentó el abogado José Pertierra, quien representa al gobierno venezolano. ``La reciente acusación por mentir a un funcionario de inmigración fue concebida para demorar la extradición o el encausamiento en EEUU con 73 cargos de asesinato de primer grado. Y justicia retrasada es justicia denegada''.
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