LAURA WIDES-MUNOZ
MIAMI/AP — El hombre hizo una señal con una linterna en una madrugada de julio mientras su esposa embarazada y otros 30 cubanos se acurrucaban junto a las costas de Matanzas. Un bote pesquero de velocidad se acercó a la costa y dos contrabandistas hicieron que el grupo abordara la nave.
Después, al igual que miles de cubanos que intentan salir cada año, rogaron que el bote atestado lograra trasponer los 240 kilómetros (150 millas) hasta Cayo Hueso, en la Florida.
De ser interceptados en el mar por los cubanos o la Guardia Costera estadounidense, serían devueltos a Cuba. De hundirse el bote, probablemente morirían ahogados.
Pero de lograr su empeño, la mayoría conseguiría a la larga la ciudadanía estadounidense. Según la política federal, la mayoría de los cubanos que tocan suelo de Estados Unidos son autorizados a quedarse. Y un número cada vez mayor de ellos (o sus familiares en Estados Unidos) están dispuestos a pagar hasta 10.000 dólares por cada uno y a arriesgar sus vidas para tratar de cruzar el estrecho de la Florida.
Entrevistas con funcionarios de la Guardia Costera y una revisión de la Associated Press de documentos judiciales indican que desde octubre del 2002 hasta octubre del 2006, el número de cubanos que intentaron llegar clandestinamente a la Florida o Puerto Rico se duplicó con creces hasta alcanzar 7.027 el año pasado. Más de la mitad lo logró.
Muchos en la policía atribuyen el aumento no exactamente a la incertidumbre por la salud del presidente Fidel Castro sino a los contrabandistas, que han convertido su actividad en un gran negocio. Una lancha de velocidad nueva cuesta unos 150.000 dólares, una inversión fácilmente recuperable cuando una embarcación llena de gente puede recaudar 300.000 dólares o más. Además, la pena de cárcel que enfrentan de ser capturados es significativamente menor a la que les correspondería de ser sorprendidos traficando drogas o una suma equivalente de dinero.
“De algún modo, como se trata de contrabando humano, algunos creen que es algo distinto, quizás más altruista o humanitario. Pero no lo es”, dijo el fiscal de Miami R. Alexander Acosta. “La realidad es que esos seres humanos mueren. Y mueren a manos de los contrabandistas que hacen esto por dinero y no por motivos humanitarios”.
Los cubanos en la embarcación rápida estaban a 16 kilómetros (10 millas) de la Florida cuando fueron interceptados por un escampavías de la Guardia Costera estadounidense. Los sistemas de espionaje cubanos habían alertado a las autoridades estadounidenses sobre la salida de la embarcación, según documentos judiciales. Los cubanos instaron a los contrabandistas a desoír las órdenes de la Guarda Costera de detenerse. Y los cubanos aceleraron la lancha a 80 kilómetros por hora (50 millas).
Algunos de los que llegan a Estados Unidos dicen que los funcionarios cubanos aceptan sobornos para hacerse de la vista gorda, pero la interceptación del contrabando humano es uno de los pocos rubros en los que La Habana coopera con Washington. Mientras tanto los contrabandistas perfeccionan su actividad provistos de sistemas de posicionamiento global (GPS) y teléfonos de satélite.
En reacción, las autoridades estadounidenses intensifican la acción judicial.
Acosta, cubanoestadounidense, es un astro en ascenso en el Departamento de Justicia. El año pasado empezó a acusar a supuestos contrabandistas de delitos severos —dejando de lado la práctica de acusarlos de delitos menores cuando nadie resultaba herido— y a presentarles más cargos, añadiendo a la sentencia potencial de los contrabandistas.
Acosta espera que la amenaza de largas sentencias de cárcel presione a los subordinados de los contrabandistas a atestiguar contra sus líderes para lograr sentencias más leves.
Pero no es sólo la amenaza del contrabando humano lo que ha suscitado la movilización.
“Cuando interceptamos una embarcación por la noche, no sabemos si a bordo hay diez abuelas o diez terroristas”, dijo Zach Mann, un vocero en Miami de la agencia de protección de aduanas y fronteras. Los contrabandistas están “restando recursos que podrían concentrarse en el terrorismo”.
En el mar, la Guardia Costera finalmente logró abordar la nave en fuga. Un oficial averió un motor de un tiro. En el caos, la pasajera Anai Machado González, de 24 años, se golpeó la cabeza en la cubierta y empezó a desangrarse hasta que murió antes de llegar a suelo estadounidense.
Los contrabandistas Heinrich Castillo Díaz y Rolando González Delgado se declararon culpables de la muerte de la mujer y de contrabando. Amil González Rodríguez fue condenado por un jurado de conspiración para contrabando humano pero absuelto en relación con la muerte de Machado.
La mayoría de los otros cubanos fueron autorizados a desembarcar.
Los críticos de la política estadounidense hacia Cuba se preguntan si las penas más severas pueden ayudar a reducir el contrabando humano cuando aquellos que evitan la Guardia Costera son recompensados con tarjetas de residencia. La mayoría de los inmigrantes ilegales de casi cualquier otro país son deportados.
Aun los cubanos que cumplen penas de cárcel en Estados Unidos por contrabando humano rara vez son repatriados a la isla por temor a que sean torturados.
Pero Acosta dice que las penalidades pueden servir de disuasivo.
El juez Michael Moore, que presidió el caso de Matanzas, sentenció a los tres acusados a 12 años, casi el doble de lo que dictan las pautas de sentencias y más largas de lo que Acosta había solicitado. Los tres han apelado sus sentencias.
El número de cubanos que intenta el cruce ha bajado ligeramente en el año fiscal iniciado en octubre: se sabe que 3.181 lo han intentado hasta ahora. Pero el porcentaje que llega a tierra ha aumentado a casi el 70%.
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